La Municipalidad de Penco presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un pronunciamiento con observaciones a la Adenda Complementaria del Proyecto Minero de Tierras Raras, ingresado por la empresa REE Uno SpA. En el documento, el municipio cuestiona la legalidad del proceso, advirtiendo un posible fraccionamiento del proyecto —antes denominado Biolantánidos y luego Módulo Penco— con el fin de facilitar su aprobación ambiental. Esta práctica, señala el oficio, vulnera la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y debe ser reevaluada en su conjunto.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, explicó que “nosotros como municipio hemos ingresado más observaciones basadas en la respuesta que el titular nos da, en los aspectos del impacto en el entorno, en el medio ambiente, y un punto fundamental para nosotros: que el proyecto ingresado en 2018 como Biolantánidos, el 2023 como Módulo Penco y hoy llamado Aclara, es el mismo del 2018 a la fecha. Por lo tanto, le pedimos que este proyecto sea evaluado como uno solo en su totalidad. También, la próxima semana vamos a hacer acciones legales para que este proceso, a través de la Corte de Apelaciones y los tribunales, obligue al titular a ingresar el proyecto en su conjunto y no por partes”.

El informe municipal advierte además que la intervención afectaría especies protegidas como el queule, el naranjillo y el pitao, todas con categoría de conservación, y que el proyecto no cumple con los estándares de la Ley de Biodiversidad ni con los planes de conservación del Ministerio del Medio Ambiente. También alerta sobre el riesgo para el Estero Penco, cuerpo de agua clave para el ecosistema local y ya afectado por la disminución de caudales producto del cambio climático.

El municipio reafirmó su compromiso con la protección del medio ambiente, la salud pública y la planificación territorial sostenible. Junto a organizaciones sociales y comunidades indígenas, Penco sostiene una posición firme de rechazo a la instalación del proyecto minero, exigiendo transparencia, respeto a la institucionalidad ambiental y participación ciudadana efectiva en cada etapa del proceso.